Al graduarse de la universidad el educador apenas ha recibido las bases de una formación, la que a veces puede ser buena pero otras veces no tanto. Se ingresa a una vida laboral que durará 40 años o más.
En un comienzo las universidades deberían aportar competencias para que el docente pueda seguir su preparación en servicio: aprender a aprender, poder investigar sobre su acción de aula, poder visualizar o valorar nuevos conocimientos o destrezas que requiere.
También los empleadores deberían cooperar. Hay varias formas pero hay una que sería central: ofrecer espacios significativos en la jornada laboral para que el docente pueda estudiar, investigar, planificar y gestionar mejor su trabajo. Es una lección internacional: las horas contacto de un docente en el aula no deberían sobrepasar el 50 o 60 por ciento de toda su labor. Con tiempos adecuados, un docente puede desencadenar procesos de innovación pedagógica, construir aprendizajes, coordinar con colegas, realizar reflexión activa sobre la práctica de aula. Esto representaría un cambio notable tanto en la educación privada como la pública, pero es sin duda en esta última donde se obtendría un impacto decisivo. Por supuesto se requeriría una estrategia educativa y condiciones materiales y administrativas; se necesitarían más docentes y establecer un protocolo para que la jornada destinada sea efectivamente usada en el desarrollo profesional y en el mejoramiento de su quehacer. No es algo que se podría hacer en el corto plazo, pero sería conveniente tener esa perspectiva.
Hay otra condición esencial: el compromiso del docente en buscar su desarrollo profesional. Éste no debe esperar pasivamente a que su empleador le brinde capacitaciones, o, por ejemplo, si se cambió un currículo rehusarse de entrada a implementarlo porque no ha recibido preparación. Un profesional debe poseer un compromiso permanente para prepararse, progresar y crecer. En el desarrollo profesional tienen responsabilidad tanto las universidades y empleadores como también los docentes.
